Publicada Nueva LEY CONTRATOS SECTOR PÚBLICO

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El 9 de noviembre se publicaba en el BOE la nueva Ley Contratos Sector Público a través de la que se regularán los concursos de arquitectura y que entrará en vigor el 9 de marzo de 2018 (a los 4 meses de su publicación).

Según nos trasmitía el pasado jueves en Madrid Jordi Ludevid, actual presidente del CSCAE, en una reunión informativa con medios de comunicación especializados:

La nueva LCSP supone un cambio de paradigma en la contratación de servicios de arquitectura, al contemplarlos como sujeto específico de contratación, además de acabar con las bajas temerarias, al primar la calidad de las propuestas que se presenten frente al coste de ejecución con decisiones vinculantes de los Jurados.

A través de esta nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE y se pretende lograr una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio.

Así, entre las novedades está la de incluir en los criterios de adjudicación: aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.

Otro de sus objetivos es la simplificación de los trámites y con ello, de imponer una menor burocracia para los licitadores y mejor acceso para las PYMES. El proceso de licitación debe resultar más simple, con la idea de reducir las cargas administrativas de todos los operadores económicos intervinientes en este ámbito, beneficiando así tanto a los licitadores, como a los órganos de contratación.

Esta ley trata de diseñar un sistema de contratación pública que asegure la eficiencia en el caso público y el respeto a los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad, mediante el cual se consiga un mejor cumplimiento de los objetivos públicos.

Persigue una mayor seguridad jurídica y trata de conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las PYMES y de defensa de la competencia.

Entre las novedades más importantes, destaca que:

  • se suprime la posibilidad de contratación sin publicidad
  • se intenta favorecer la contratación con pymes y la prevalencia de la división en lotes
  • se establece la obligación de la factura electrónica
  • se establece la posibilidad de pago directo de la Administración a los subcontratistas
  • se incrementan los controles sobre la morosidad
  • se crea una Oficina Independiente que supervisará los contratos y garantizará la libre concurrencia

Aplicación de la ley 

  • Los contratos de obras, concesión de obras, servicios, suministros y contratos mixtos adjudicados por parte de sujetos pertenecientes al sector público se regirán por esta nueva Ley. Se entienden como organismos del sector público, a efectos de este texto, las Administraciones Públicas, incluyendo la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas y las que integran la Administración Local.
  • También quedan bajo este marco legal las fundaciones públicas participadas en un 50 por ciento o más por sujetos pertenecientes al sector público, las Universidades Públicas, las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, las Entidades Públicas Empresariales; las entidades con personalidad jurídica creadas para satisfacer una demanda de interés general y los partidos políticos, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos; y las Corporaciones de derecho público que cumplan los requisitos para ser poder adjudicador.
  • Quedan excluidos los contratos en materia de Defensa y Seguridad derivados del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los basados en la investigación y desarrollo de un nuevo producto, o las compras, suministros, obras y servicios en países terceros ajenos a la Unión Europea donde estén desplegadas las Fuerzas Armadas. Tampoco se aplica a los contratos celebrados entre el Estado y otros Estados o sujetos de derecho internacional; ni a las adjudicaciones o contrataciones que atiendan a procedimientos establecidos por organismos de ámbito internacional.

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